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El Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, publicado el miércoles 13 de mayo, regula el retorno a la normalidad laboral. Esta norma de “descalada”, deja una serie de consecuencias en materia de regulación temporal y de salvaguarda del empleo, que, someramente, os resume nuestro equipo de abogados en Gijón:

Cuestiones relacionadas con Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

1. Hasta el 30 de junio, quedan prorrogados los ERTE de fuerza mayor. Si bien, se prevé ese plazo con carácter fatal (en el sentido de improrrogable), la norma establece la posibilidad de extenderlo mediante acuerdo de Consejo de Ministros.
2. Según la norma, sigue cabiendo la posibilidad de instar ERTE por causas objetivas, derivadas de la crisis de la COVID 19 hasta el 30 de junio. También permite este RDL 18/20 la conversión de los ERTE por fuerza mayor en este tipo de Expediente de Regulación Temporal.

Debido a las situación acaecida en nuestro país, la Ley de Segunda Oportunidad se erige como uno de los escudos protectores, a los que deberán acogerse las personas que ante la situación de crisis que se avecina, vean peligrar sus modelos de negocio debido a la falta de liquidez, hasta el punto de hacerlos insostenibles.

Esta norma que defiende al deudor, gira en torno al principio de la buena fe, que impide acogerse a ella a quienes han provocado su insolvencia. Y así, la crisis sanitaria actual provocada por el COVID-19, dejaría al abrigo del paraguas de la Ley de Segunda Oportunidad, a prácticamente el total de los afectados en el plano económico por la pandemia, y ello porque se trata de un acontecimiento de magnitudes inimaginables, de todo punto imprevisible y, en todo caso, inevitable por los sujetos al modo de una fuerza mayor, de tal suerte que nos “pillo a todos con el pie cambiado”