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Todo ciudadano llamado a declarar como testigo tiene obligación de atender el llamamiento y decir verdad en el interrogatorio. Sin embargo, la regla no es absoluta. Al contrario, conoce excepciones con rango constitucional. Así, el artículo 24.2 de la Constitución dispone: “La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. Descendiendo a la legislación, una de las excepciones está plasmada en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual “Están dispensados de la obligación de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261”. Esta dispensa se funda en el conflicto planteado entre el deber de declarar y la intimidad del ámbito familiar, permitiendo que el familiar, de la persona imputada, decida libremente.

La incapacidad permanente contributiva es la situación en la que se puede declarar al trabajador, quien poseyendo unos requisitos de cotización y encontrándose en situación de alta o asimilada en la Seguridad Social, presenta unas patologías crónicas que resulten incompatibles con su profesión habitual o con cualquier trabajo.

Existe otra modalidad no contributiva, puramente asistencial que daría lugar a una discapacidad (llamada también hasta hace unos años minusvalía). La distinción más importante entre ambas situaciones es que la primera va interrelacionada con el trabajo y la segunda solamente tiene en cuanta las dolencias, independientemente de que la persona que las padezca sea trabajador o no.
Se trata de una situación de carácter permanente y revisable, en la que el solicitante estaba en situación de incapacidad permanente total, y tras la revisión, le fue concedida una absoluta.
Ya sea por contingencia profesional o común, no pocas personas observan que ya no pueden trabajar y se plantean, como resulta lógico, qué hacer.
Ante esta cuestión, en nuestro Despacho con sede en Gijón, los letrados encargados de procedimientos frente a la Seguridad Social, han revisado la regulación vigente y la situación de acceso a las prestaciones.

La nacionalidad es un vínculo jurídico de la persona para con el Estado, lo que le confiere una serie de derechos y deberes. Existen varias formas de obtener la nacionalidad española dependiendo de la situación de la persona que quiera optar a ella. Un de las formas más comunes, es la nacionalidad por residencia, necesitando el interesado, dependiendo de la situación, cumplir unos requisitos u otros.

Para poder optar a la nacionalidad por residencia, el extranjero ha de llevar viviendo en España de manera legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante diez años,  existiendo una serie de excepciones en que el número de años de tal exigencia varía: