En ocasiones, se nos ofrecen oportunidades de contratación de personal muy beneficiosas para la empresa, pero que al conllevar tal cantidad de trámites burocráticos, se acaba desistiendo de las mismas. Esto no deja de ser una gran pérdida tanto para la empresa que desea contar con ese servicio como para el propio trabajador.

En España, existe la posibilidad de tramitar una oferta de empleo a nivel internacional, que asimismo, constituya unas garantías de permanencia en el país y en la empresa, otorgando el permiso de residencia al trabajado, supeditado al trabajo.

La autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena tiene una duración inicial de un año. Este tipo de residencia se limita a lo relativo al ejercicio de actividad laboral y a un ámbito geográfico y ocupación determinada, salvo, claro está, en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por España.

De esta forma, para que una empresa pueda contratar a un extranjero, deberá aportar una serie de documentación que justifique que efectivamente posee una cierta estabilidad y solvencia económica, a saber:

En no pocas ocasiones un trabajador sufre reiteradas bajas médicas prolongándose durante bastante tiempo una situación de incapacidad temporal y/o sufre unas dolencias que hace que le resulte imposible desarrollar su trabajo con una mínima profesionalidad y productividad.

Nuestro Despacho de abogados en Gijón, atiende estas consultas a raíz de las cuales los letrados de derecho laboral y de seguridad social realizan el siguiente análisis:

¿Cuándo se produce? ¿A qué da derecho? ¿Qué consecuencias tiene?

El 23 de septiembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. Es una normativa bastante extensa, que implementa el Acuerdo Europeo sobre la materia de 2002.

Nuestros abogados laboralistas, desglosan algunas de sus claves, contestando a preguntas frecuentes, que nos plantean los clientes.

 ¿Cuándo hay teletrabajo?

Cuando se preste un mínimo del 30%  de la jornada a distancia, tomando como referencia tres meses o el porcentaje proporcional, dependiendo de la duración del contrato de trabajo.

¿Cómo y por quién se establece el teletrabajo?

Venía de largo el conflicto por la reducción de cotizaciones (la conocida como “tarifa plana”) que establece el artículo 31 de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. En concreto, el problema surgió en relación al ámbito de beneficiarios: si la tarifa plana sólo se aplicaba en beneficio de los socios de las sociedades con las formas jurídicas que expresamente establece el artículo 31; o si, en cambio, puede aplicarse a otros colectivos no mencionados por el precepto, como lo es, el de socio-administrador de sociedades de capital, que reúna las condiciones del artículo 1.2 c) de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.

La cuestión fue zanjada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de diciembre de 2019. En ella, contra el criterio de la TGSS, se reconoció a una trabajadora autónoma, dueña de una SLU (Sociedad Limitada Unipersonal), el derecho a acceder a la Tarifa Plana. La decisión del Supremo se basa en considerar que la falta de mención de los autónomos societarios en el listado de beneficiarios, previsto en el artículo 31, no tiene por qué conllevar la necesaria exclusión de todo trabajador autónomo, socio de alguna sociedad de capital, sin tener en cuenta las circunstancias específicas, que pueden conllevar obligatoriamente encuadramiento y alta en el RETA. El Supremo confirmó su doctrina, después, en las sentencias de 27 de febrero y 4 de marzo de 2020.

Las consecuencias